La convocatoria de las elecciones generales de finales de julio ha dejado con el pie cambiado a casi todos. A los ministerios y organismos estatales, obligados a paralizar «casi» toda su producción normativa. A las comunidades, que seguramente estarán a la espera del color del próximo Gobierno antes de tomar algunas medidas de desarrollo de las leyes y decretos básicos en su propio territorio. Bien es cierto que, en cierta medida, aspectos tan sustanciales como la escolarización del alumnado o la definición de plantillas del profesorado debieran estar ya resueltas; normalmente, cada curso se prepara en la primavera anterior, pero las elecciones autonómicas de mayo han podido distorsionar los calendarios.
Ha quedado paralizado el cambio de «disminuidos» por «discapacitados» en el artículo 49 de la Constitución, una iniciativa que se viene reclamando desde hace mucho tiempo y se acordó ya hace varios años, entre otras razones para adaptarlo a la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), y que ha ido dando tumbos por sede parlamentaria. ¿Quién lo entiende?
Queda en dique seco el Proyecto de Ley de las Enseñanzas Artísticas, que llegó al Congreso por vía de urgencia después de muchos tira y afloja con las universidades y colectivos de centros donde se imparten esas enseñanzas. ¿Qué dirá y hará ahora el sector artístico?
No se paraliza la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada hace poco más de un año, puesto que en abril se publicó en el BOE el decreto del calendario de implantación. Sin embargo, todavía no ha visto la luz en el boletín oficial el decreto de ordenación del sistema de FP, lo que pone contra las cuerdas el calendario inicialmente previsto para que esa trascendente ley comience en septiembre a implantarse con garantías en todas las comunidades autónomas. ¿Avanzará una FP dual con calidad contrastada?
«Varados han quedado en sede parlamentaria leyes y decretos básicos con conexiones, de mayor o menor intensidad, con el sistema educativo. Por ejemplo, el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, que podría abrir la puerta al tantas veces anunciado como aparcado Estatuto del profesorado. O la Ley de Familias, con repercusión en la conciliación laboral y escolar. O la Ley de Salud Mental. O el Estatuto del Becario»
Otro tanto puede suceder con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aunque «curiosamente» una parte del cambio anunciado en la universidad española se anticipó con un decreto sobre ordenación de las enseñanzas universitarias y aseguramiento de su calidad (RD 822/2021), todavía quedan muchos puntos por desarrollar. La gobernanza de las universidades y la financiación de las públicas, por ejemplo, o la concreción final de las pruebas de acceso a los estudios universitarios una vez se ha retrasado la nueva EVAU. ¿Cómo encajará todo con la autonomía universitaria?
En el aire están tres complejos temas insertos en la actual reforma educativa y que requieren amplios acuerdos entre administraciones (central, autonómica, universitaria) y con diferentes sectores (sindicatos, patronales) de la comunidad educativa. Uno, el establecimiento de los requisitos mínimos de los centros de infantil, primaria y secundaria, un proyecto de decreto atascado durante casi un año que debería estar aprobado cuanto antes para clarificar y ordenar la red actual, sobre todo el variopinto sector del primer ciclo (0-3) de infantil. Dos, la determinación del coste del puesto escolar en las diferentes etapas educativas, con la traslación consiguiente a los módulos de los conciertos y las actividades extraescolares y servicios educativos. Y tres, la reforma de la profesión docente, documento con veinticuatro propuestas de mejora en asuntos tan sustanciales como la formación inicial y permanente, el acceso, las especialidades y el desarrollo de la profesión. ¿Se frenará el despliegue de la LOMLOE?
Y varados han quedado en sede parlamentaria leyes y decretos básicos con conexiones, de mayor o menor intensidad, con el sistema educativo. Por ejemplo, el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, que podría abrir la puerta al tantas veces anunciado como aparcado Estatuto del profesorado. O la Ley de Familias, con repercusión en la conciliación laboral y escolar. O la Ley de Salud Mental. O el Estatuto del Becario.
Después de las elecciones de finales de julio tendrán que ponerse en marcha normativas ahora aparcadas. Hay asuntos que no pueden esperar mucho más. Gobierne quien gobierne. Salvo que el ganador quisiera «volver a empezar» y meternos de nuevo en la rueda de Penélope: tejer y destejer permanentemente a la espera de un pacto que nunca llega. Como tantas otras veces ha sucedido en la historia de la educación española.