Proyectos e iniciativas normativas que se quedaron en el tintero

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  • 6-6-2023 | LA LEY
  • La noticia del adelanto de las elecciones para el próximo 23 de julio nos ha pillado a todos por sorpresa. Desde el punto de vista legislativo, aún más. Les ofrecemos un cuadro resumen de aquellos proyectos normativos, los más conocidos, que han quedado paralizados.
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Isabel Desviat.- El Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de mayo publicó el RD 400/2023 (LA LEY 7626/2023), por el que se disuelve el Congreso de los Diputados y el Senado y se convocan elecciones, norma que entró en vigor el mismo día de su publicación. La propia página del Congreso da cuenta del hecho, indicando que la sesión constitutiva de las cámaras, una vez celebradas elecciones, será el 17 de agosto.

Mientras tanto, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el ejercicio de las funciones, se encargará de la convalidación o derogación de los decretos-leyes (extraordinaria y urgente necesidad), además de ejercer las competencias respecto de los estados de alarma, excepción y sitio.

¿Y qué ocurre con todas esas iniciativas, proyectos de ley, anteproyectos... que se encontraban en tramitación tanto en el Congreso como en el Senado? Y es que este curso estaba siendo especialmente prolífico en cuanto a la aprobación de normativa. Pues la realidad es que han quedado "muertas"; una vez constituidas las nuevas cámaras se decidirá si vuelven a presentarse proyectos de ley o proposiciones sobre las mismas materias, iniciándose su trámite desde el principio.

Algunas de esas normas se preveía que fueran a aprobarse en breve, eran muy esperadas, como las Leyes de Eficiencia Procesal, que dejan en suspenso la tan esperada transformación de la Justicia, o la Ley de Defensa, pero también otras iniciativas son protagonistas, las más adelantadas en tramitación, y les damos cuenta de algunas de ellas, las más conocidas, con enlaces a los textos completos.

Norma

Resumen

Proyectos de Ley Orgánica:

De sobra conocidas por todos los profesionales y operadores jurídicos. Entre sus objetivos, generalizar el uso de los medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia, potencia el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y el uso de las sedes judiciales electrónicas, así como de la generalización del Expediente Judicial Electrónico, incluyendo otros medios de resolución de conflictos, basados en la mediación.

Muy esperadas también por los profesionales, letrados, procuradores y graduados que verían plasmadas sus reivindicaciones sobre desconexión digital y conciliación de la laboral, personal y familiar, con respeto a lo dispuesto en la legislación procesal.

Otro de los objetivos es la transformación organizativa a través de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial que les dé soporte. Entendiendo el modelo actual de Juzgados de Primera Instancia como obsoleto, modifica la LOPJ (LA LEY 1694/1985) para introducir estos nuevos organismos.

Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa

Otro de los proyectos muy adelantados que han quedado paralizados es la LO del Derecho de Defensa. Con su aprobación, se pretende mejorar los derechos de la ciudadanía y tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados. El proyecto de ley recoge ya algunas de sus peticiones en asuntos tales como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia.

Proyecto de Ley de Familias

El texto garantiza el reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país, equiparando sus derechos. Así, se van a reconocer legalmente a las familias LGTBI, a las familias con miembros con discapacidad, a las familias múltiples, a las adoptivas, a las reconstituidas o las acogedoras, entre otras.

También se culmina prácticamente la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que las parejas de hecho tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.

Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado

Se trata de una reforma estructural del sistema de empleo público dirigida a promover las transformaciones necesarias en la cultura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la AGE. La carrera horizontal constituye uno de los aspectos más novedosos de la ley, diseñado como un modelo complementario a la estructura por niveles de los puestos de trabajo.

En materia de retribuciones se crea el nuevo complemento de carrera, que retribuye la progresión alcanzada en el sistema de carrera profesional recogido en la ley y la conversión del actual complemento de productividad en el nuevo complemento de desempeño.

Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela

Se establece la obligación para las empresas de que la respuesta a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias se lleve a cabo en la misma lengua en la que se realizó el contrato o la oferta comercial dirigida personalmente al consumidor.

Se regulan niveles mínimos de calidad exigible a la atención al cliente, deber de informar de las incidencias que afecten a la prestación del servicio o a su continuidad a través de los canales o datos de contacto preferente indicados por la clientela en el contrato.

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

Considera la movilidad como un nuevo derecho que los poderes públicos están obligados a regular y salvaguardar. La norma pretende regular soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo.

Sistema Arbitral de Consumo

Se trata de un Proyecto de Real Decreto, que regularía la resolución de forma extrajudicial, con carácter vinculante y ejecutivo, los litigios, nacionales o transfronterizos que, derivados de una relación de consumo, son sometidos a los órganos arbitrales por decisión de las personas consumidoras, al considerar que existe una vulneración de sus derechos legal o contractualmente reconocidos.

Ley de Paridad

La futura norma modificaría leyes como la del Régimen Electoral General, la del Gobierno, o la Ley de Sociedades de Capital (LA LEY 14030/2010), entre otras. La Ley pretende avanzar en conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tanto en el sector público como en el privado. Composición paritaria en órganos de gobierno corporativos, o en las candidaturas de los procesos electorales son varias de las medidas que se proponen en esta ley.

Proyectos de Ley de Bomberos y Agentes Forestales

La futura Ley sobre bomberos forestales pretende dotar de un marco legislativo que establezca de manera explícita cuáles son los derechos y deberes de estos profesionales, los medios de los que deben estar dotados, así como las medidas de seguridad y de coordinación en sus actuaciones.

Respecto a los Agentes Forestales, de los que se reconoce su especial importancia medioambiental, se pretende concretar un marco jurídico común independientemente de la administración a la que se encuentren adscritos.

Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual

Muy esperada por un amplio colectivo, la futura norma pretendía fortalecer y apoyar todo el tejido creativo e industrial que gira en torno a la cinematografía y a lo audiovisual, con especial atención a los sectores independientes; adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos también es otro de los objetivos. Una de las novedades de la ley es ampliar el concepto, al no hablar solo de "cine" sino de "cultura audiovisual".

Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes

La defensa del cliente, la parte más vulnerable, frente a las entidades financieras es el objetivo que pretende el Proyecto, para ello inciden en la resolución extrajudicial de las controversias y de dar un impulso a la educación financiera, algo que interesa también a las entidades. En virtud de ello el Proyecto creó la Autoridad Administrativa independiente, para resolver los conflictos en este ámbito.

Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.

Se trata de un Anteproyecto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual (LA LEY 1722/1996), y ello para el desafío de los retos que surgen por la infracción de derechos a través de las redes sociales, y el creciente rol de Internet y de los servicios de la sociedad de la información en el sector, así como de la Inteligencia artificial y de otras nuevas tecnologías digitales.

Esta Oficina Española de Derechos de Autor y Conexo tendrá como finalidad la realización de la actividad administrativa que corresponde a la Administración General del Estado en materia de derechos de autor y conexos, así como el impulso y ejecución de la política en esta materia, de conformidad con lo establecido en esta ley y en su Estatuto. Se pretendía aprobar su Estatuto por el Gobierno antes del 31 de diciembre de 2023

Anteproyecto de Ley en materia de responsabilidad patrimonial del estado legislador por daños derivados de la infracción del derecho de la Unión

En fase de Anteproyecto, se pretendían reformar las Leyes 39/2020 y 40/2015 (LA LEY 15011/2015) para garantizar el principio de efectividad, de tal manera que los requisitos exigidos por las legislaciones nacionales no puedan articularse de tal manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización.

La novedad es que se elimina el límite temporal para la reparación de los daños que se hayan producido en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Unión Europea

Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

En fase de Anteproyecto, la reforma de la Ley de Responsabilidad civil y seguro obligatorio de automóviles establece bastantes novedades.

Entre ellas la establecer un seguro obligatorio para los VMP y otros vehículos motorizados no incluidos dentro del concepto legal de “vehículo a motor”.

También se pretende favorecer la realización de acuerdos amistosos extrajudiciales, para evitar en la medida de lo posible acudir a la vía judicial. Otra novedad es el establecimiento de reglas específicas en materia de indemnizaciones por fallecimiento, secuelas y lesiones temporales que pretenden introducir, clarificar algunos conceptos indemnizatorios e incrementar las indemnizaciones a percibir, mejorando la protección de los derechos de los perjudicados, lo que incluye la exención en el IRPF de las cantidades percibidas por dichos conceptos.

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