Antecedentes
El 20 de julio de 2021, la Comisión presentó su paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Este paquete constaba de:
- — un reglamento que establece una nueva autoridad contra el lavado de dinero de la UE (AMLA) que tendrá poderes para imponer sanciones y multas
- — un reglamento que refunde el reglamento sobre transferencias de fondos que tiene como objetivo hacer que las transferencias de criptoactivos sean más transparentes y totalmente rastreables
- — un reglamento sobre requisitos contra el lavado de dinero para el sector privado
- — una directiva sobre mecanismos contra el blanqueo de capitales
Posteriormente el Consejo ha acordó su posición sobre el reglamento y la directiva contra el blanqueo de capitales, para iniciar negociaciones tripartitas con el Parlamento Europeo y para acordar una versión final de los textos.
Contenido de las nuevas normas
Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) se extenderán a todo el sector de las criptomonedas, obligando a todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a llevar a cabo la debida diligencia con sus clientes. Los terceros intermediarios de financiación , las personas que comercien con metales preciosos, piedras preciosas y bienes culturales, también estarán sujetos a las obligaciones del reglamento, al igual que los joyeros, relojeros y orfebres .
Al limitar los grandes pagos en efectivo , la UE dificultará que los delincuentes laven dinero sucio. Se establece un límite máximo en toda la UE de 10.000 € para pagos en efectivo . Los Estados miembros tendrán la flexibilidad de imponer un límite máximo más bajo si así lo desean.
Los terceros países que figuran en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, el organismo normativo internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales) también estarán incluidos en la lista de la UE. En consecuencia, habrá dos listas de la UE, una «lista negra» y una «lista gris», que reflejarán las listas del GAFI.
Los Estados miembros deben garantizar que cualquier persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo tenga acceso a la información contenida en los registros de beneficiarios reales, y dichas personas deben incluir a los periodistas y organizaciones de la sociedad civil que estén relacionados con la prevención y lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El paquete también prevé, entre otras cosas, la aclaración de las disposiciones sobre externalización, la aclaración de las facultades de los supervisores, un conjunto mínimo de información que todas las unidades de inteligencia financiera (centros nacionales para la recepción y el análisis de informes de operaciones sospechosas e información relevante sobre el blanqueo de capitales) deberían tener acceso, así como una mejor cooperación entre las autoridades.