El Gobierno es "favorable" a promover iniciativas a nivel internacional que lleven a la regularización y la persecución del "crimen de ecocidio".
Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a una pregunta escrita del grupo parlamentario de Más País Verdes-Equo para saber si el Ejecutivo tiene previsto apoyar la propuesta de reconocimiento del ecocidio así como los delitos autónomos contra el medio ambiente, en el marco del Consejo Europeo.
Ese delito es definido por el Parlamento Europeo como un "acto ilícito arbitrario perpretado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos y duraderos al medio ambiente".
Para Más País Verdes Equo en España existen "múltiples ejemplos pasados y presentes" de ecocidio de "magnitud y daños incalculables" como por ejemplo el desastre de la mina de Aznalcóllar en 1998, el Prestige en 2002, el saqueo del agua de Doñana o el desastre del Mar Menor.
Para la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés, esos ecocidios han quedado "impunes" por falta de las herramientas y mecanismo
jurídicos necesarios, por lo que defiende la necesidad de cerrar esa brecha jurídica y reconocer a nivel europeo y nacional, el ecocidio, así como los delitos autónomos contra el medio ambiente para evitar estos en el futuro.
En esa dirección, Sabanés celebra que tras la validación de la definición de ecocidio por el Parlamento Europeo la Unión Europea está "un paso más cerca" de reconocer el ecocidio y los delitos autónomos contra el medio ambiente, en la legislación europea y por tanto en la de sus países miembro.
No obstante, recuerda que tras la validación de la posición en el Parlamento Europeo es necesario que tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea apoyen la inclusión de estos actos como delitos.