Por José Miguel Barjola.- Tres conferencias plenarias, cuatro sesiones deliberativas y sesenta sesiones formativas conforman el programa definido para el XIII Congreso de la Abogacía Española que se celebrará los próximos 3 al 5 de mayo en el centro de Convenciones de Portaventura, Tarragona.
Divididas en seis itinerarios (práctica jurídica procesal, nuevas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología para la práctica profesional y buenas prácticas de despacho) con diez sesiones cada uno, las sesiones formativas constituyen uno de los atractivos fundamentales de este Congreso (consulta en este enlace el programa completo).
«Tecnología para la práctica profesional» es el titulo del Itinerario 5, cuya segunda sesión «Diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal» correrá a cargo de Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Audiencia Nacional.
El Magistrado, premio al «mejor jurista para el Derecho Digital» en 2014 por ENATIC (Agrupación de Abogados dedicados a las nuevas tecnologías) y medalla de oro en ciberseguridad al mejor Juez por la cátedra UDIMA y la Asociación Nacional de Tasadores y peritos informáticos judiciales en 2014, nos cuenta en esta entrevista las ideas fundamentales que analizará en su ponencia y cómo se preparan los estados para combatir la delincuencia en un mundo digital sin fronteras.
¿Es el conocimiento tecnológico imprescindible para la práctica judicial jurídica?
Absolutamente. Andamos inmersos en una transformación tecnológica digital, en la que todas las profesiones clásicas, también la abogacía, se están acoplando a un mundo cada día más digitalizado. Y la prueba es que en 2022 y 2023 están saliendo del orden de 20 o 30 reglamentos europeos, de aplicación igual en todas las normativas de los 27 países miembros, y que van desde el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Servicios Digitales, el canon digital, el Reglamento MiCA para gestionar las empresas de servicios de criptoactivos, las directivas NIS2 de ciberseguridad, las normativas e-privacy, después del reglamento general de protección de datos… Es decir, en general en estos dos años todo jurista se ha tenido que poner al día de muchas normas comunes de 27 países. Por lo tanto, la respuesta es sí.
La sesión en la que participa como ponente tiene como título «Diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal». ¿Nos puede contar a grandes rasgos las ideas que desarrollará?
Enmarcaré la prueba electrónica y el estado de la cuestión, dónde estamos ahora.
También hablaré sobre la normativa que lo regula en penal, especialmente el artículo 588 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y acabaré, como dice la «cola» de mi título, hablando de la prueba electrónica penal transfronteriza. No hay que olvidar que el crimen se está internacionalizando. Empieza en un país, se desarrolla en otro, las consecuencias se reflejan en un tercer país, y mucha parte de la prueba se tiene que obtener en el extranjero. Y debe obtenerse, claro está, de forma lícita. Por lo tanto, tendremos que comentar los convenios que regulan cómo se puede conseguir lícitamente la prueba electrónica en las investigaciones internacionales transfronterizas. Especialmente, haré referencia al protocolo adicional segundo del Convenio de Ciberdelincuencia, donde se ha avanzado mucho, y de cómo se está abordando la cuestión en la Unión Europea, porque los 27 países, por suerte, esto lo estamos regulando mejor que en las normativas internas. Y, sobre todo, una enorme novedad, que se está cocinando en estos momentos, un proyecto de convenio de la ONU, para que los 193 Estados participantes asuman un convenio de prueba electrónica transfronteriza común. Contaré las cuatro materias en las que se enfocará este convenio, que será larguísimo y muy importante, y se espera que coja lo mejor de los convenios ya existentes. El objetivo es que no solo se reconozca la prueba entre España y Alemania o Francia, por ejemplo, sino que también entre España y Marruecos, Estados Unidos o China.
¿Es una materia suficientemente regulada en la legislación procesal? ¿O, por ser un área en constante y rápida evolución, la ley está avocada a llegar siempre tarde?
Está claro que la regulación siempre va un paso por detrás de la vida real. Pero, en esta materia, desde 2015 hay una normativa específica, en España, en concreto, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882). Y hay que destacar la profusa jurisprudencia al respecto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Y tercero, aunque la tecnología no deja de evolucionar, es indudable que el mundo no para de crear nueva legislación. Convenios como el de la ONU no dejan de ser proyectos muy interesantes, al involucrar a los más cien países en todo el mundo que forman parte y añadir la prueba electrónica transnacional a todas sus normativas.
¿Cobran los peritos informática una importancia cada vez mayor?
Sí, sin duda. Tanto abogados como jueces cada vez son más expertos en las nuevas tecnologías, y podría pensarse que cada vez necesitamos menos peritos y expertos para aplicar el Derecho. Pero es justo lo contrario. Como la tecnología no para de reinventarse, y cada vez aparecen nuevos formatos, como la Inteligencia Artificial, la presencia de un perito siempre será necesaria para aclarar, por ejemplo, la licitud y la procedencia de cualquier prueba electrónica.
El mundo digital no tiene fronteras, pero las jurisdicciones sí. ¿La ausencia de límites territoriales en el mundo digital pueden provocar que las normativas internas sean insuficientes? ¿La Unión Europea está respondiendo a esta demanda o se está quedando atrás?
Hasta hace bien poco, los legisladores se guiaban por criterios geográficos. La Unión Europea se ha adaptado, y ahora las barreras fronterizas no son impedimento en materia de prueba. Y la ONU hará lo mismo, tal como ha intentado hacer el Consejo de Europa con el convenio de ciberdelincuencia, con el protocolo adicional segundo. Es verdad que los delincuentes aún se aprovechan de esta pequeña ventaja, pero las normativas que están por venir ayudarán a atajar el problema.
¿Qué le parece que el Congreso sea en esta ocasión participativo y deliberativo? ¿Por qué recomendaría a los profesionales de la abogacía que no se lo pierdan?
Todos los abogados me dicen lo mismo: si no existiera, tendríamos que organizarlo. Todo el mundo quiere ir y todo el mundo va. No solamente se aprende un montón y uno se pone al día, sino que también sirve para hacer relaciones con otros compañeros y conocer expertos, que pueden ayudarnos en nuestros propios asuntos.