La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y diferentes organizaciones del sector de la concertada, ha mostrado su "respecto" hacia la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la LOMLOE (LA LEY 26271/2020), conocida como 'Ley Celaá', aunque mantiene su rechazo a la norma.
En un comunicado, ha señalado que esperará a conocer y analizar con detalle los fundamentos que utiliza el Altro Tribunal para desestimar el recurso presentado y, en ese momento, realizará una valoración "más profunda y desarrollada".
La Plataforma sigue defendiendo que hay aspectos de la LOMLOE (LA LEY 26271/2020) "claramente injustos" sobre los que ya se pronunciaron en su momento, "que perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos".
Precisamente, asegura que, el hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la sentencia, "pone de manifiesto que es una ley polémica y discutible".
Por este motivo, la Plataforma advierte de que seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida "cuanto antes" y que su impacto en las comunidades autónomas "sea el menos perjudicial posible".
Más Plurales reclama una ley de Educación que reconozca la complementariedad de las redes pública y concertada en el servicio de la educación sostenida con fondos públicos; consolide el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, respetando la demanda social a la hora de programar la oferta educativa; o mantenga, sin exclusión, el acceso a la financiación pública de todo tipo de centros educativos autorizados por las administraciones públicas.
También demanda que la ley educativa permita la continuidad de los centros de educación especial para las familias que consideren que es lo más adecuado para sus hijos; establezca la financiación a coste real del puesto escolar de los centros concertados, garantizando así la gratuidad total de los mismos y las necesarias mejoras laborales de sus profesionales, docentes y personal de administración y servicios; y que regule "respetuosamente" la asignatura de Religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona.