Porque más allá del relato oficialista, una vez recuperada la normalidad, me resulta extraordinariamente inquietante la firma de un acuerdo por quienes actúan, más que por mandato representativo, por una interlocución reconocida, y pretenden vincular a un cuerpo de funcionarios del Estado con la acción política del Gobierno. Esto es, comprometer uno de los patrimonios sacrosantos de todo funcionario público: su neutralidad política.
Un acuerdo que presenta una exposición de motivos que ocupa la mitad del total de su texto, ajena completamente al discurso corporativo y estatutario que desencadenaron el conflicto colectivo y que, al contrario, se centra en proclamar algunos de los principales planes de acción política del Gobierno de España: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (LA LEY 9394/2021), y el Plan Justicia 2030.
No hay más que acudir a la adenda del acuerdo firmada por el Secretario General de la Administración de Justicia para comprobar que ambas partes, la Administración de Estado y el comité de huelga, se «comprometen al cumplimiento recíproco de los compromisos contenidos (en el acuerdo)», y en el que el Ministerio de Justicia parece asumir un papel de árbitro del cumplimiento. Estamos ante toda una obligación recíproca que todo jurista fiaría al mismísimo Código Civil.
En definitiva, hay unos compromisos adquiridos por «ambas partes» que se han de cumplir. Y que son recíprocos Y es aquí donde debemos empezar a preocuparnos de verdad. Porque si cada uno de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia está comprometido exclusivamente al imperio de la ley y al cumplimiento de su estatuto profesional, ¿a qué nos están comprometiendo colectivamente?
Desde el momento en el que el comité de huelga anunció el viernes 24 de marzo haber alcanzado un preacuerdo con la Administración y se negó a dar traslado a las bases de su contenido hasta pocos instantes antes de la celebración de las asambleas convocadas para el siguiente lunes 27, el resultado estaba escrito.
Omitió, a sabiendas, el contenido del acuerdo todo un fin de semana para evitar cualquier posibilidad de análisis sosegado de su contenido y de formación crítica del voto a cuya emisión estaban llamados los convocados. Y peor aún, pretendió sofocar cualquier posibilidad de disidencia que pudiese enturbiar el programado éxito de unas organizaciones que, inicialmente, convocaron la huelga para no celebrarla, vaticinaron internamente su fracaso nada más arrancar y, finalmente, sucumbieron a un «tsunami» al que había que poner fin, como fuera.
Nos preguntábamos por los compromisos. De la lectura del acuerdo resulta que el comité de huelga se compromete a promover la «implicación», el «compromiso», la «identificación», la «difusión», la «concienciación» y el «apoyo» al Proyecto de Justicia 2030, y al impulso de las leyes que le den traducción. Por su parte, la Secretaria de Estado de Función Pública, en nombre de la Administración de Estado, a pagar unos aproximadamente 330 euros netos, en cómodos plazos, si se cumple lo comprometido por la otra parte, y cuya vigilancia corresponde al Ministerio de Justicia, que para eso firma en adenda.
Luego, sí, hay compromisos de relleno: colaboraciones varias, tutorizaciones formativas, revisiones del estatuto orgánico (ya sería hora, 0 reformas frente a 44 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) en 18 años), impulsos normativos…como si esto dependiera de la firma de un compromiso y no de un deber intrínseco a la propia actividad del Ministerio de Justicia como titular del cuerpo profesional.
El verdadero compromiso adquirido por la Secretaria de Estado de Función Pública es el económico
Pero el verdadero compromiso adquirido por la Secretaria de Estado de Función Pública es el económico. Ese fue el logro vendido por el comité de huelga, el que motivó las votaciones asamblearias y el que venció en el relato justificativo. Pero este es el compromiso de una de las parte firmantes. ¿Y cuál es el de la otra?
Eso es precisamente lo que se oculta por omisión. Porque no se motivó, antes, por un comité de huelga hasta entonces prolijo en sus comunicados, ni, después, por las organizaciones profesionales convocantes de la huelga. Y si los letrados de la Administración de Justicia queremos percibir esa cantidad habremos de saber qué compromiso hemos de cumplir.
Ningún compromiso habría que firmar, ni al que fiar el recibo de retribución alguna, si todo girase en torno al impulso, promoción y apoyo a una nueva legislación procesal y organizativa. La sumisión al imperio de la ley ya obra como compromiso primigenio; el que cada letrado de la Administración de Justicia ha emitido, bajo juramento o promesa, en la toma de posesión de su primer destino y que le permite acceso al Cuerpo Superior Jurídico.
Entonces, si para el cumplimiento de una norma legal ya hay un poderoso imperativo, convendrá conmigo el lector que el compromiso firmado debe ser algo distinto y que habrá de ser cumplido antes o simultáneamente al pago del precio por la otra parte, es decir, el comité de huelga, las organizaciones profesionales que lo designaron y, ¿el conjunto del colectivo?
Y llegan las preguntas: ¿tal vez trasmutando el ánimo de estas organizaciones, actualmente contrario a las leyes del Gobierno, para convertirlas en sus incondicionales paladines?; ¿tal vez actuando como embajadoras de los proyectos gubernamentales ante los grupos parlamentarios, colegios profesionales y gobiernos autonómicos con los que se han prodigado, recabando, y obteniendo muchas veces, apoyos a la causa de la huelga?, ¿tal vez asumiendo un papel de Empresa de Trabajo Temporal para la cuota de nombramientos por libre designación de la carrera profesional asegurando, así, capataces fieles a la causa?
Tal vez. Aunque para evitar seguir especulando, bien podrían el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, más allá de mostrar «su más sincero agradecimiento a todos los Letrados de la Administración de Justicia por su esfuerzo, colaboración y demostración de unión en pro de la dignificación del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia» explicarnos el precio que se han comprometido a pagar por esas treinta monedas.