La caja de Pandora que abrió la huelga iniciada a finales de enero por los Letrados de la Administración de Justicia ha abierto el paso, como era fácil de esperar, a las reivindicaciones del resto de funcionarios, dibujándose en el horizonte una posible huelga también de los Jueces y Fiscales, lo que ya, en términos taurinos, supondría la «estocada final» a un enfermo que lleva años desahuciado por el olvido de nuestra clase política.
Aun respetando, como no puede ser de otra forma, el legítimo derecho de huelga y sin entrar a valorar la legitimidad de las respectivas reivindicaciones de los colectivos antes indicados, quizás sería el momento de empezar a pensar en la necesidad de crear un calendario (al igual que sucede con los Juzgados de Guardia) de huelgas «oficiales» en nuestra Administración de Justicia, para que nuestra sociedad pueda darse cuenta y ser consciente del peligroso escenario ante el que nos encontramos, cuando uno de los pilares de cualquier estado de Derecho, como es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra en grave peligro por el abandono al que lleva sometido desde hace décadas, sin que nadie sea capaz de ponerle remedio.
Viendo las reacciones iniciales del actual equipo del Ministerio de Justicia ante la huelga de los LAJS, no tenemos motivo alguno para ser optimista con la actual huelga de funcionarios, que ha empezado a provocar la suspensión de miles de actos judiciales, alguno de ellos con importante repercusión mediática y que por cierto (como no) llevaba años esperando al momento del juicio.
Una vez más me vienen a la cabeza las palabras pronunciadas hace ahora justo tres años por el entonces recién nombrado Ministro de Justicia, J.C.Campo, en su primer discurso ante la Mesa de Justicia del Congreso de los Diputados (diario de sesiones del Congreso 17/02/2020), cuando al hablar del «empantanamiento» y las insuficiencias estructurales, algunas de ellas sin justificación, al que se halla sometido el sistema de Justicia en nuestro país, acaloradamente se preguntaba «¿cómo hemos podido esperar tanto?».
Entonces proponía su Plan Justicia 2030, pero sin duda alguna en aquel momento no sólo desconocía el inminente parón que se iba a producir con motivo de la grave pandemia del Covid-19, que dejó al desnudo todas las graves carencias de nuestra Justicia, sino también el preocupante escenario ante el que actualmente nos encontramos, que con cifras en la mano, está teniendo —con respecto a la tramitación de la inmensa mayoría de procedimientos judiciales— una mayor afectación si cabe, que el parón producido entonces con motivo de la suspensión de la actividad judicial una vez declarado el Estado de Alarma.
En aquel momento no se podían presentar demandas ni escritos, salvo en aquellos supuestos excepcionales de urgencia; ahora en cambio, con la huelga de los LAJS, solo en el Decanato de Madrid se han quedado sin tramitar más de 45.000 demandas (datos oficiales facilitados por la Secretaría de Gobierno del TSJM).
Creo, valga la redundancia, que huelgan comentarios, pero aunque sea una especie de «grito en el silencio», los profesionales que defendemos y representamos a los ciudadanos ante la Justicia no podemos permanecer impasibles ante esta gravísima situación, que dudo se haya producido alguna vez en los países de nuestro entorno más próximo.
Quizás sea el momento de empezar a pensar en una huelga por parte de los abogados y procuradores así como de los propios ciudadanos usuarios de la Administración de Justicia (no será fácil encontrar un hueco en el actual y apretado calendario de huelgas), para reclamar de una vez por todas una Justicia eficiente y eficaz, que sea capaz de dar en un tiempo razonable respuesta a las demandas o solicitudes de aquellos ciudadanos que acuden a ella en el legítimo ejercicio de sus derechos.
Por parte de los profesionales del Derecho se trataría de hacer un «parón» a la japonesa, sin dejar de prestar nuestros servicios a nuestros respectivos clientes, pero reivindicando
- — Una Justicia moderna, que huya del actual modelo decimonónico, con métodos organizativos y de gestión adecuados al siglo XXI y en donde el uso de las nuevas tecnologías sea una verdadera realidad en todos los órganos judiciales de nuestro país sin excepción alguna.
- — Una Justicia profesional, que sepa reconocer el esfuerzo de todos los Jueces y resto de funcionarios judiciales, con unas cargas de trabajo que sean razonables y sobre todo asumibles, con unas retribuciones dignas, en donde igualmente se valoren adecuadamente los méritos de aquellos que destacan en el ejercicio de sus respectivas funciones.
- — Una Justicia preparada, en donde la formación continua sea un referente y donde se reduzca la interinidad y la impartición de Justicia por Jueces sustitutos, que en algunos casos, dicho sea con el máximo de los respetos, tienen una escasa o nula preparación para algo tan importante como es impartir Justicia.
- — Una Justicia responsable, en donde aquellos pocos que no cumplen con sus funciones, puedan responder ante los ciudadanos y en donde una reclamación por el anormal funcionamiento de la Justicia no se convierta en un acto de valor ante las posibles repercusiones para el buen fin del proceso; en nuestro país existe un temor reverencial a denunciar según que aislados comportamientos de aquellos llamados a impartir Justicia, primero porque te demonizan y segundo y no menos importante, porque en la inmensa mayoría de los casos no sirve para nada.
- — Una Justicia transparente, en donde el principio de información y atención adecuada no sea un mero desiderátum recogido en la Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia («son tanto los principios recogidos en dicha Carta que no se cumplen»-Ministro Campo dixit).
Estamos cansados de tener que suplicar que ante cualquier incidencia que se aleje de la normal tramitación del procedimiento, poder ser atendidos por el Letrado de la Administración de Justicia o directamente por el Juez, cuando tendría que ser lo normal en un Servicio Púbico.
- — Una Justicia amable (sí, he dicho amable), en donde los ciudadanos y especialmente los profesionales que les defienden y representan diariamente ante los Tribunales, puedan ser atendidos de forma educada y respetuosa; el trato amable no puede ser la excepción digna de comentario.
Decía el Premio Nobel José Saramago en una magnifica cita que «somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no debamos existir».
Guardemos en la memoria la preocupante situación que afecta a nuestra Justicia y asumamos cada uno de nosotros nuestra respectiva cuota de responsabilidad para poder tener un Servicio Público de Justicia moderno y eficaz, que lo aleje del actual grado de desconfianza que genera en nuestra sociedad.