Bruselas, 5 de abril de 2023.- La remisión de procesos penales entre Estados miembros. El aumento de la delincuencia transfronteriza ha dado lugar a un número cada vez mayor de situaciones en las que varios Estados miembros tienen jurisdicción para enjuiciar el mismo delito. Los procesos judiciales paralelos o múltiples pueden ser ineficientes e ineficaces, y también pueden menoscabar los derechos de las personas interesadas, ya que nadie puede ser juzgado ni condenado penalmente dos veces por el mismo delito.
Por lo tanto, esta propuesta contribuirá a evitar la duplicación de procesos y la impunidad cuando se deniegue la entrega en virtud de una orden de detención europea. Además, contribuirá a garantizar que los procesos penales se sustancien en el Estado miembro más idóneo, por ejemplo, en aquel donde se haya cometido la mayor parte de los hechos. Estas normas comunes fijan:
- una lista de criterios comunes en materia de remisión de procesos y motivos para denegar tal remisión;
- un plazo para adoptar una decisión sobre la remisión del proceso;
- normas relativas a los gastos de traducción y a los efectos de la remisión del proceso;
- obligaciones con respecto a los derechos de los sospechosos y acusados y de las víctimas;
- normas sobre el uso de canales digitales transfronterizos para la comunicación entre autoridades competentes.
Con el fin de mejorar la eficacia del procedimiento de remisión, el Reglamento propuesto también prevé la jurisdicción en asuntos concretos. Se prevé que así disminuya la fragmentación, se consiga mayor seguridad jurídica y, en última instancia, aumente el número de procesos penales remitidos correctamente.
Próximas etapas
La reforma propuesta tendrá ahora que ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor.
Contexto
Actualmente, los Estados miembros de la UE proceden a remisiones de los procesos penales recurriendo a diversos instrumentos jurídicos, en vez de aplicar un marco jurídico uniforme en toda la UE. Por ejemplo, el Convenio Europeo sobre Transmisión de Procedimientos en Materia Penal, de 15 de mayo de 1972, solo ha sido ratificado y aplicado por trece Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros se basa en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 (artículo 21), que no regula suficientemente el proceso de remisión, el cual basa en las legislaciones nacionales. En 1990, los Estados miembros firmaron un acuerdo sobre la remisión de procesos en materia penal que no ha entrado en vigor.
Se está debatiendo una medida sobre la remisión de procesos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007), que modificó la forma en que se presentaban y adoptaban las normas de la UE en el ámbito del Derecho penal. Esta propuesta cumple los objetivos establecidos en la estrategia de la UE contra la delincuencia organizada, que hace hincapié en que la remisión de procesos penales es un instrumento importante que reforzaría la lucha contra los grupos delictivos organizados presentes en los Estados miembros de toda la UE.
Puesto que la propuesta se refiere a procesos transfronterizos, en los que se requieren normas uniformes, la Comisión presenta una propuesta de Reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros y vinculante en todos sus elementos. Por lo tanto, garantiza una aplicación uniforme de las normas en toda la Unión Europea y su entrada en vigor al mismo tiempo. También garantiza la seguridad jurídica, evitando interpretaciones divergentes en los Estados miembros, impidiendo así la fragmentación jurídica. La propuesta de la Comisión contribuirá a una administración eficaz y adecuada de la justicia penal en los Estados miembros.