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Derecho de Defensa, la ley (que debe ser) del consenso

Victoria Ortega

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Diario LA LEY, Nº 10264, Sección Opinión, 11 de Abril de 2023, LA LEY

LA LEY 3050/2023

Pocas leyes en el periodo constitucional han concitado tanto consenso sobre la esencia de su contenido y su necesidad como la que acaba que registrarse en el Congreso de los Diputados en torno al Derecho de Defensa. No podía ser de otra forma, pues esta norma de carácter orgánico no hace más que definir y proteger uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene desde su creación el estado liberal, como es el derecho de cualquier persona a recibir un trato justo a la hora de defenderse ante la acción del estado a través de los tribunales de Justicia.

La familia de la abogacía ha recibido la noticia de su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado martes con mucha ilusión. Estamos especialmente satisfechos porque ésta es una ley largamente reclamada por la profesión debido a su trascendencia. Es cierto que la norma establece buena parte de las condiciones en las que los abogados deben realizar su trabajo ante los juzgados y tribunales pero es, sobre todo, un nuevo triunfo del estado de derecho en cuanto a la protección de la persona y sus libertades como elemento esencial del ejercicio de ciudadanía.

Al margen de la concreción de su texto, su importancia radica en que garantiza el respeto a los principios esenciales de ese derecho a ser defendido cuando alguien está incurso en un proceso judicial. Y lo hace configurando preceptos muy nítidos en aspectos que son definitivos para hacerla realidad, como la correcta aplicación y pleno respeto del secreto profesional, la forma en que se protege la dignidad del detenido y de quien le representa en la defensa, así como la correcta implementación de la Justicia Gratuita en aquellos casos en los que el detenido no disponga de medio económicos para afrontar el coste de su abogado.

El optimismo con que la abogacía acoge el proyecto de ley también tiene mucho que ver con la sincronización entre el inicio del trámite legislativo y la celebración del XIII Congreso de la Abogacía Española, previsto para los días 3, 4 y 5 de mayo. El ejercicio de los derechos y libertades hoy será uno de los asuntos centrales sobre los que vamos a deliberar y en torno al cual se aprobarán una serie de conclusiones. Unas conclusiones que, como consecuencia de lo expuesto, se transformarán en propuestas para incorporar al proyecto de ley que debería completarse y aprobarse por un amplio consenso no solo de los grupos parlamentarios, sino también de los operadores jurídicos.

La oportunidad debe ser considerada como histórica y ofrece a la celebración de nuestro encuentro nacional una trascendencia incluso mayor de la que ya tienen de por sí nuestros congresos cuatrienales. Porque, de conformidad con el nuevo Estatuto General de la Abogacía, nuestros congresos serán deliberativos, y acordarán Orientaciones para la Abogacía institucional durante los siguientes cuatro años. Su artículo 111 consolida derechos de participación democrática directa a todos los abogados y abogadas, ahondando en una tradición con más de un siglo de historia. Si el recuerdo de algunas de las citas anteriores permanece aún en la retina de quienes tuvimos la oportunidad de vivirlas, la que comienza el 3 de mayo en Tarragona puede convertirse en una referencia de las próximas décadas por su capacidad de influir en el proceso legislativo de un asunto que entronca en el corazón del Estado de Derecho y sus derechos de ciudadanía. Como a las más de mil personas que ya se han inscrito en el congreso, estoy segura de que me alegrará mucho poder decir dentro de unos años que yo también participé activamente en este Congreso Deliberativo, en un momento tan importante para completar por fin, con una ley orgánica de derecho de defensa, el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva.