El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente el texto definitivo de Ley Orgánica del Sistema Universitario, en el que se indica que contribuirá a la internacionalización de las instituciones de educación superior con más visados para extranjeros, con el mantenimiento de grados de tres años y la obligatoriedad de planes de internacionalización.
De la misma manera, permite a los alumnos el derecho al paro académico e impide a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo. Otras medidas pasan por reducir la temporalidad del profesorado, del 40% que fija la LOU al 8%, se dignifican las condiciones laborales del profesorado Asociado con contratos indefinidos (beneficiará a 25.000 docentes asociados), se plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB (cuando actualmente es del 0,7%), se establece un tope a las tasas universitarias, una medida para el estudiantado y para las familias (los precios públicos solo podrán reducirse o mantenerse, nunca subir), se deberán establecer también planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Además, de cara a la representación en los órganos de gobierno plantea un modelo de gobernanza con claustro, consejo de gobierno, consejo de estudiantes y consejo social. En el claustro se garantiza un mínimo del 25% de representación de los estudiantes, un 51% para el personal docente e investigador funcionario o permanente laboral.
Medidas aplaudidas
Los aspectos positivos que ensalzan de esta Ley los sindicatos son:
— El aumento del protagonismo y participación del estudiantado en el sistema universitario, además de ver reconocido el derecho al paro académico y la creación de los consejos de estudiantes.
— La posibilidad de impartir formación a lo largo de la vida con propuestas como las microcredenciales.
— Procedimientos para homologación de títulos y procedimientos de acceso más ágiles.
— Creación de dos nuevas figuras docentes: profesorado sustituto y distinguido (el último, innecesario).
— Elección de decanos/as y directores/as de escuelas por sufragio universal.
— Reconoce el derecho a huelga del estudiantado, garantizando que el ejercicio de la huelga o paro académico no afecte a su derecho a la educación.
— La prohibición de la segregación por sexos en los colegios mayores públicos o en los privados adscritos a universidades públicas.
Buenas intenciones, poca efectividad
A pesar de todas las modificaciones, la comunidad universitaria no está del todo contenta. Críticas por parte de rectores de universidades, consejeros de Educación de la oposición e, incluso, de alumnos. Algunas de las objeciones al texto son que generará universidades de primera y de segunda, así como, que provocará más incertidumbre en el sistema universitario y generará aún más precariedad lo que impactará de manera negativa en la formación, aunque el gobierno haya indicado que la reduce. Asimismo, se critica que se haya consensuado a espaldas a las comunidades autónomas y se denuncia que el texto legislativo se queda corto para lo que podría haber sido, perjudica la proyección de la universidad española y no responde a las necesidades que se piden desde la comunidad universitaria. Por tanto, desoye las peticiones de la Ciencia, la Unión Europea, la OCDE y el sector empresarial para impulsar el buen gobierno de la universidad pública española.
UGT alerta de la eliminación de la figura del Ayudante y la escasez de ayudas predoctorales, que pueden dar lugar a que solo aquellos privilegiados que puedan permitirse un doctorado accedan a la misma
Los sindicatos denuncian que algunas regiones seguirán con sus políticas de desmantelamiento de la universidad como servicio público, apostando por privadas con escaso control de la calidad de la formación impartida y de las condiciones laborales de su personal. Otras, aprovecharán el nuevo marco que supone la LOSU para estabilizar a su personal y brindar un mejor servicio a su sociedad. «El problema será el de aquellas que, queriendo hacer esto último, tengan complicada su viabilidad económica (o se amparen en ella para dejar todo como estaba)», destacan desde CCOO.
Los escépticos creen que no será capaz de sustituir el excesivo corporativismo y endogamia actuales por la necesaria competitividad y meritocracia que son condiciones esenciales de una universidad que quiera ser excelente. No obstante, se va a seguir limitando la capacidad de la institución para sacar partido del talento de sus personas para ponerlo al servicio del desarrollo económico del país y de su bienestar social. Además, no creen que la ley vaya a ser un instrumento normativo adecuado para dar solución a ninguno de los problemas endémicos que vienen limitando el funcionamiento interno y la excelencia internacional de la academia.
Por su parte, también sindicatos como CCOO están en la misma línea por considerar que es un texto poco ambicioso, merma la autonomía y no apuesta por resolver la financiación deficitaria de las universidades públicas puesto que no solventa los problemas crónicos de financiación deficitaria.
UGT, asimismo, alerta de la eliminación de la figura del Ayudante y la escasez de ayudas predoctorales, que pueden dar lugar a que solo aquellos privilegiados que puedan permitirse un doctorado accedan a la misma. Otras cuestiones que han quedado olvidadas en la nueva legislación son la regulación de la conciliación de la vida profesional y personal y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), cree firmemente que esta ley es una oportunidad perdida para su necesaria modernización y nos mantiene alejados de los estándares de excelencia de otros sistemas universitarios europeos y del resto del mundo.
Respecto a la participación de la sociedad en el gobierno universitario a través de los Consejos Sociales, la nueva Ley incluso la disminuye salvo en un aspecto, que es la atribución de la competencia de velar por la ética de la universidad, la integridad académica y los procedimientos antifraude.
Además, los Consejos Sociales también denuncian que la falta de autonomía real seguirá con la LOSU y también de flexibilidad operativa, atenazadas por el exceso de burocracia y de reglamentación en sus procedimientos administrativos, sobre todo en materia de contratación de personal y de adaptación de la oferta de titulaciones y planes de estudio a las cambiantes demandas sociales. Igualmente, la universidad, sostienen, será incapaz de superar el problema de la falta de transparencia y rendición de cuentas, dado que la gestión de ingresos y gastos y su fiscalización seguirá dependiendo del rector, sin que exista la necesaria segregación de funciones.
¿Precariedad mantenida en el tiempo?
La Federación de Jóvenes Investigadores también denuncia que «todo parece indicar que se está abonando el terreno de tal manera que puede acabar en catástrofe para el sistema universitario» y temen que empeore la calidad democrática en el acceso y desarrollo de la carrera académica creando un agravio comparativo insalvable entre aquellas personas que se puedan beneficiar de «actuaciones específicas» (como indica la Ley) y las que no. Igualmente, alerta también de que no existen mecanismos efectivos para «asegurar la financiación mínima según el PIB establecida en la exposición de motivos». De esta forma se cronifica el procedimiento de infrafinanciación de las universidades. Por ello, apuestan porque la LOSU tuviera un régimen sancionador de sus incumplimientos para resultar efectiva.
Algunas acciones van a requerir fondos adicionales que el Ministerio pueda inyectar al sistema. Pero también las CCAA tienen que realizar una apuesta decidida por sus universidades. En cualquier caso, «un horizonte propuesto de financiación del 1% del PIB para 2030 está todavía muy alejado de la media europea, sobre todo si tenemos en cuenta el deterioro sufrido en la última década y los retos a afrontar», afirman Encina González Martínez y Francisco Ramos Pardo, de la Secretaría de Universidad e Investigación de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.
Por tanto, las expectativas para que las cosas cambien están de capa caída. La precariedad en la contratación, por mucho que cambien las definiciones de los diferentes puestos laborales en la universidad, seguirá existiendo mientras no se financie de forma suficiente a las universidades.
«La estabilización no pasa solamente por reestablecer el cursus honorum universitario, sino por dotar de garantías económicas a las universidades para poder establecer contratos posdoctorales que cuenten con expectativas de progreso en el sistema universitario», afirma Diego Gibanel Faro, director de Comunicación la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).
La nueva figura del profesorado sustituto puede ser una nueva fuente de precariedad y corre el riesgo de ser el nuevo «falso asociado», denuncia las fuentes consultadas. Las universidades pueden utilizar esta figura para sustituir personal a tiempo completo consolidado por personal «más barato»
Además, la nueva figura del profesorado sustituto puede ser una nueva fuente de precariedad y corre el riesgo de ser el nuevo «falso asociado», denuncia las fuentes consultadas. Las universidades pueden utilizar esta figura para sustituir personal a tiempo completo consolidado por personal «más barato». Para que no ocurra, el personal sustituto debería tener el mismo nivel que el sustituido.
Sin la comunidad estudiantil
Es una ley que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, lo que ha supuesto un recorte en los trámites participativos. Esto ha resultado en que las mayorías de las demandas no hayan sido incorporadas, como se puede ver en el posicionamiento sobre la ley que ha tenido la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Pública. «Una de las grandes reivindicaciones del estudiantado era tener más peso en los órganos de gobierno de la Universidad y esta petición no ha sido escuchada», afirma Germán Antón—Trugeda, secretario y responsable de Educación y Cultura del Consejo de la Juventud de España (CJE).
El estudiantado ha sido deliberadamente apartado de las negociaciones. No se han atendido las demandas en la elaboración del anteproyecto, tampoco se incorporaron las necesidades de los órganos de representación estudiantil cuando fueron propuestos al Ministerio, y ni siquiera se han incluido en las enmiendas propuestas a la LOSU en estos últimos meses. Así, esta Ley llega siendo «ajena a nuestra realidad, una nueva legislación de despacho que no baja a la tierra y que hace oídos sordos ante los problemas que vivimos cada día en las aulas», destaca Gibanel. Asimismo, sostiene que es común escuchar cómo se recuerda una y otra vez que «el estudiantado es el centro de la universidad», pero es imposible conseguir que los estudiantes «tengan sentimiento de pertenencia o quieran mantener activa la vida universitaria si no se les escucha, si sus propuestas son permanentemente criticadas o rechazadas», añade. «El futuro de nuestras universidades pasa por entender que no es posible gobernar para el estudiantado sin el estudiantado. Los espacios de gestión, de decisión, no son una propiedad de los docentes que deban ser “cedidas” al estudiantado, sino que pertenecen a la universidad como comunidad, un grupo numeroso del que los y las estudiantes constituyen la mayor parte», denuncia desde la coordinadora.
Rectorado endogámico
La LOSU modifica los requisitos para ser rector, elimina lo que se establece que se tiene que ser catedrático y abre la posibilidad de que lo sea personal laboral y no sólo funcionario. Abril Abadín destaca que lo relevante es que «su elección va seguir haciéndose por sufragio corporativo interno, es decir va a seguir siendo endogámica y no por concurso de méritos —entre otros los de gestión—“, lo que seguirá manteniendo a la institución alejada de los modelos de éxito comparables. Al ser la elección necesariamente interna (imposible que un académico extranjero o de otra universidad española pueda ser designado rector) se compromete la internacionalidad, además de la eficiencia, de la institución. Tone from the top, dicen los anglosajones, ‘¡si la máxima autoridad es obligadamente endogámica, cómo va a ser internacional la institución!’, se pregunta. Además, alerta de que es muy grave que el proyecto no de opciones de nuevos modelos de gobernanza y designación del rector, ni aunque las propias universidades en el ejercicio de su autonomía quisieran optar por ello, con lo cual “condena el sistema universitario público a una uniformización que lleva inevitablemente a la pérdida de calidad”, añade.
¿Cómo resolver los graves problemas que afectan al sistema universitario español?
Las críticas posicionan a la LOSU como una oportunidad desperdiciada para hacer cualquier cambio sustancial en el sistema universitario, por tanto, los retos pendientes para no hacerse trampas al solitario radican en aprobar el estatuto del personal docente e investigador en el plazo dispuesto por la ley. Pero esto no es lo único, “es necesario seguir reformando las universidades, dando más voz y voto al estudiantado, que no deja de ser el centro de la comunidad universitaria. Que las reformas sean eficazmente implementadas, resultando en espacios universitarios inclusivos, accesibles y de calidad”, destacan desde el CJE.
Desde CCOO creen que la LOSU, en general, supone un marco bienintencionado que marca algunas líneas y objetivos a perseguir. El problema, según el sindicato, es que, en muchos temas, no regula unos mínimos comunes, y depende de las CCAA y las universidades si estos se desarrollan y hacen realidad, o no. Algunos de ellos son: el rejuvenecimiento de las plantillas, a través de la mejora de las condiciones laborales, los procesos de acreditación y el incentivo de las jubilaciones; incremento de la financiación basal de la investigación; un sistema de acreditación del PDI más transparente y consensuado; planes de igualdad y reducción de la brecha de género; modificación y actualización de los convenios colectivos; negociación, desarrollo y establecimiento de una carrera profesional vertical y horizontal para PDI y PTGAS; la creación de una Mesa Sectorial de Universidades que pueda negociar las condiciones laborales del personal de las universidades (entre otras, el futuro Estatuto del PDI).