Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-174/21 | Comisión/Bulgaria (Doble incumplimiento — Contaminación por PM10) (LA LEY 29215/2023)
La Directiva sobre la calidad del aire obliga a los Estados miembros a respetar los valores límite de concentración de determinados contaminantes atmosféricos en el aire ambiente y exige que, en caso de superación, los Estados miembros elaboren planes de calidad del aire, de modo que el período de superación sea lo más breve posible.
En la sentencia Comisión/Bulgaria, dictada el 5 de abril de 2017, el Tribunal de Justicia declaró que Bulgaria había incumplido las obligaciones antes citadas.
A raíz del pronunciamiento de la sentencia Comisión/Bulgaria, la Comisión remitió a Bulgaria, el 9 de noviembre de 2018, un escrito de requerimiento con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 260 TFUE (LA LEY 6/1957), apartados 1 y 2. En ese escrito, la Comisión señalaba que Bulgaria seguía sin adoptar las medidas necesarias para poner fin a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en esa sentencia de 2017. Así pues, instaba a ese Estado miembro a presentar sus observaciones en el plazo fijado en el escrito (en lo sucesivo, «fecha de referencia»), a saber, el 9 de febrero de 2019, y a informarla de los progresos que pudieran haberse realizado entretanto.
Insatisfecha con las respuestas de Bulgaria, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento sobre la base del artículo 260 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 2, (en lo sucesivo, «recurso por doble incumplimiento») con el fin de que se declarara que ese Estado miembro no había cumplido dicha sentencia y de que se le condenara al pago de un importe a tanto alzado y de una multa coercitiva diaria hasta que se diera cumplimiento por completo a la sentencia del Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia considera que la emisión de un escrito de requerimiento en el marco de un procedimiento administrativo previo sobre la base del artículo 260 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 2, presupone, so pena de incumplir las exigencias de seguridad jurídica, que la Comisión pueda alegar válidamente el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.
Habida cuenta de que el objeto del recurso por doble incumplimiento es inducir a un Estado miembro infractor a ejecutar una sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento, el Tribunal de Justicia subraya que la Comisión no sólo está obligada a comprobar, a lo largo de todo el procedimiento administrativo previo y antes de emitir el escrito de requerimiento, si la sentencia de que se trata ha sido o no ejecutada entretanto, sino también a alegar y a demostrar prima facie con claridad, en ese escrito de requerimiento, que la sentencia aún no se habrá ejecutado en la fecha de referencia. En efecto, no puede reprocharse válidamente a un Estado miembro el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia si del escrito de requerimiento no se desprende claramente que, en la fecha de referencia, la obligación de ejecutar dicha sentencia perdura todavía desde su pronunciamiento.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia señala que, en el escrito de requerimiento de 9 de noviembre de 2018, la Comisión no alegó ni demostró prima facie, con la claridad requerida, que la sentencia Comisión/Bulgaria, de 5 de abril de 2017, aún debía ejecutarse en la fecha de referencia, a saber, el 9 de febrero de 2019.
En efecto, en ese escrito, la Comisión indica que los incumplimientos observados hasta el año 2014 en esa sentencia persistieron, respecto de las zonas y aglomeraciones contempladas en dicho escrito, a lo largo de los años 2015 y 2016. Sin embargo, no da explicaciones detalladas ni un análisis fáctico que indique que la situación señalada en esos dos años había proseguido sin una clara mejora durante el período comprendido entre el pronunciamiento de la sentencia –el 5 de abril de 2017– y la fecha de referencia –el 9 de febrero de 2019–, haciendo necesaria la adopción de medidas para la ejecución de dicha sentencia.
Pues bien, ni el hecho de que tales incumplimientos hayan perdurado entre el final del período al que se refiere la sentencia del Tribunal de Justicia –el año 2014–, y un período subsiguiente pero anterior a la fecha en que se dictó la sentencia, a saber, los años 2015 y 2016, ni el carácter sistemático y persistente de aquellos incumplimientos señalado por el Tribunal de Justicia en esa sentencia implican automáticamente que, tanto en la fecha en que se dictó dicha sentencia como en la fecha de referencia, ésta aún debía ejecutarse y que, por tanto, podía reprocharse a Bulgaria que no hubiera adoptado todas las medidas necesarias para su ejecución.
Por consiguiente, al no haber alegado ni demostrado prima facie con la claridad requerida, en el escrito de requerimiento, el requisito indispensable de que la sentencia Comisión/Bulgaria, de 5 de abril de 2017, debía ejecutarse aún en la fecha de referencia en lo que atañe a las zonas y aglomeraciones contempladas en ese escrito, la Comisión no alegó válidamente el incumplimiento, por parte de Bulgaria, de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esa sentencia. El Tribunal de Justicia deduce de ello la inadmisibilidad del recurso por doble incumplimiento de la Comisión.