Por Sonia Calaza López.- El Prof. José María Asencio Mellado es Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante desde hace exactamente 32 años —1 de marzo de 1991—. ¡Mucho ha llovido desde entonces! Y esta longevidad cronológica en el ejercicio de su profesión principal ha sido debida —no a su edad actual, sino— a la juventud con la que accedió al cuerpo de Catedráticos de Universidad; juventud que atesora en la actualidad, pues el Prof. Asencio concilia una temprana edad con una dilatada experiencia académica, científica y humana, que se manifiesta no sólo el ámbito del Derecho procesal —dónde ha triunfado, siendo ya un auténtico maestro de maestros— sino también en otros escenarios, tan dispares como el cultural, educativo, político y social. De todo ello —y algo más— vamos a hablar hoy con el Prof. José María Asencio Mellado.
SONIA CALAZA LÓPEZ: El mundo —en general— y la Universidad —en particular— nos resultan, prácticamente, irreconocibles a quiénes conocimos —siquiera fuese en su desenlace temporal— otros sistemas educativos, académicos y científicos antagónicos respecto de los que ahora se están implementando: ¿Crees que el mundo de los «maestros y los discípulos» se está desvencijando? En caso afirmativo: ¿Te parece una gran pérdida o una relativa conquista de autonomía, libertad y autorresponsabilidad?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Esta Universidad, la de unos tiempos tan relativos en sus bases debilitadas y cambiantes al compás de tendencias en exceso aceleradas y frágiles, ha pretendido e insiste en modificar la forma de entender la formación del profesorado universitario, elemento éste esencial para la propia institución y clave para su permanencia secular, aunque necesariamente flexible. La relación maestro-discípulo, desde los tiempos más remotos y en cualquier oficio (palabra ésta que explica muchas relaciones y la forma de alcanzar la maestría, casi iniciática tras pasar por distintas fases), explicaba, sobre todo, una manera de entender el aprendizaje, la primera de las etapas formativas. El aprendizaje, vinculado e inseparable del magisterio, no solo suponía la integración en una escuela en lo que de aspectos formales tenía, lo que se ha querido suprimir arrasando lo esencial, sino, muy especialmente, la asunción o formación en una corriente de pensamiento, de tendencia doctrinal, de asimilación de unas bases bien conformadas y armónicas. Una forma de entender cada disciplina, de determinados principios fundamentales, lo que generaba una estructura de pensamiento sólida y firme. Y esa base, cuando era amplia y abierta no implicaba en modo alguno oposición o apertura a nuevas tendencias, sino todo lo contrario, pues se asentaba en el conocimiento que siempre es la base y motor de la libertad. Asumir una posición no era algo automático o derivado de una disciplina férrea, sino consecuencia de razonamientos en contraposición o simplemente distintos a otros, que se estudiaban para razonar la posición que se mantenía.
La formación individual que ahora se propugna ha generado en apariencia más autonomía y libertad, pero tales valores no tienen reflejo en la realidad, pues el debilitamiento del conocimiento ha dado lugar a una limitación de lo que se dice se quiere promover. El profesor ahora, en el marco del nuevo sistema, no se forma en la misma medida que hace algunos años.
Si el ordenamiento es un conjunto armónico, basado en dogmas e instituciones que lo dotan de individualidad propia, dejar su conocimiento, el aprendizaje, en manos exclusivas de los aprendices, puede implicar que el aprendiz nunca deje de serlo.
Aprendiz de todo y maestro de nada es la consecuencia. A ello contribuye que se exija en las evaluaciones haber escrito mucho y de todo, siendo motivo de calificación negativa centrarse en temas concretos en los que el profesor brilla y en el que es maestro, enseña.
Habría que cuestionarse qué se pretende prefiriendo que la Universidad pierda el magisterio y con ello su función social.
SONIA CALAZA LÓPEZ: El Plan Bolonia fue muy criticado en su momento por un gran número de Profesores universitarios —entre los que nos encontrábamos— a pesar de su legítima aspiración de construir un Espacio Europeo de Educación Superior, dónde se mejorase la empleabilidad, movilidad y reconocimiento de todas las titulaciones en el ámbito europeo. Y ahora —más de 20 años después—: ¿Encuentras alguna virtud al Plan Bolonia suficiente para aceptarlo —sin mayor padecimiento— o todavía crees que debiera revisarse —¡cuánto antes! — a fin de que no se lleguen —ahora ya— a cronificar todos sus conocidos «enquistamientos»?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: El Plan Bolonia, en su significado de crear un espacio superior de educación europeo, fue aprovechado en España para fines diferentes, que excedían con mucho sus exigencias. Aquí se quiso, a su amparo, modificar el sistema mismo universitario en todos los órdenes, desde la docencia al control de la investigación, pasando por los sistemas de evaluación del profesorado y su promoción. Y se hizo sin especiales reacciones en la comunidad universitaria, adormecida, silente y escasamente movilizada, algo impropio de nuestra institución que demostró y demuestra que ha perdido buena parte de su capacidad de liderazgo y que las normas impuestas no van en la dirección correcta. La Universidad es y debe ser otra cosa. No era tan malo lo que se ha cambiado. Y poco se ha querido conservar con este ánimo de transformación profunda inspirado por reacción y no por la mesura que debe imperar en nuestra institución. Y ahí estamos, entre conceptos y adornos de una realidad que no se corresponde con los calificativos empleados para describirla.
La docencia, conforme al nuevo plan, corre pareja a grandes palabras, vacías de contenido, pues poco ha cambiado salvo en la apariencia. No hay evaluación continua por causas diversas, entre las que, además de la falta de medios, cabría apuntar que, en derecho, nuestro sistema difiere mucho del anglosajón, lo que impide asimilar modelos de enseñanza. Nuestro sistema es de conceptos y dogmas desde el Derecho romano, de imperio de la ley, no de creación jurisprudencial. Intentar que la enseñanza se asemeje a otro sistema jurídico es desconocer nuestro modelo. De ahí el fracaso contrastado ya y que se traduce en una peor formación del alumnado.
No es, por tanto, la falta de medios la única razón de que el sistema no funcione, sino que el sistema jurídico europeo y el español por tanto, no puede enseñarse con los modelos propios de otro, sustancialmente diferente.
La realidad, pues, es que, salvo algunas y puntuales actividades, todo se reduce a exámenes, parciales, escritos, tipo test y con temarios muy reducidos acompañados de un descenso notable en el nivel de exigencia. Y esa merma de conocimientos es evidente en la vida profesional de los nuevos graduados frente a los antiguos licenciados.
En investigación nadie puede negar que ahora se publica más que nunca, pero que se lee mucho menos, seguramente porque los criterios de valoración de la investigación son cuantitativos, aparentes y basados en presunciones. La calidad ha descendido tanto que me atrevería a decir que la investigación universitaria, en general, tiene escasa repercusión en la vida del derecho, en el foro.
Nos hemos convertido en comentaristas de la jurisprudencia, no en inspiradores de ésta. Y nuestro trabajo, salvo raras excepciones, carece de influencia en la vida real, en la práctica.
Una revisión es inaplazable en todos aquellos aspectos del modelo, asumiendo sus errores y volviendo a lo que era positivo del sistema anterior, a lo que demostró su eficacia.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Las Leyes de Universidades —como las Educativas— se suceden en un auténtico «goteo legislativo» con ensayo de fórmulas tan nuevas y disruptivas, que, lejos de provocar seguridad o confianza entre los más jóvenes —y «no tan jóvenes»—, generan —por la difícil predictibilidad del futuro académico— algunas incógnitas: ¿Crees que debería haber un pacto de Estado o, al menos, un compromiso de cierta estabilidad en una materia —como la Educativa— tan relevante para la sociedad?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Un pacto de Estado en educación en todos sus niveles exige que, previamente, quien debe promoverlo, tenga una noción de la educación compatible con el humanismo, con la libertad y con la pluralidad, así como tener como objetivo la formación de los jóvenes. Si falla la premisa, ese pacto es imposible. Si lo que interesa no es educar en conocimientos fundamentales, sino hacer ingeniería social, el choque es inevitable.
De este modo, siendo otros los fines perseguidos por el sistema, los impulsados desde la política que siempre se juega a corto plazo, es eso, lo inmediato y parcial, lo político, lo que prima en cualquier ley de educación de las que se aprueban cada pocos años en función de quien gobierna, su programa y cierta tendencia al pensamiento único y al control de las mentes, dicho con todas las prevenciones posibles, pero sin restar ni un ápice a la importancia de la crítica.
Veo imposible ese acuerdo en el marco actual de confrontación, de dejación de las responsabilidades más importantes y de la primacía de objetivos que distan mucho de ser los propios de un sistema democrático entendido como conjunto de valores comunes que deben promoverse.
No pueden las leyes educativas poner el acento en la educación ideológica, en las lenguas vernáculas o en la fragmentación de los planes de estudio dependientes en cada lugar de quien gobierna.
Lo esencial es la formación y basta ver los contenidos de cada ley para comprender que ese objetivo no se persigue.
La realidad es que, como antes dije, el descenso en la formación de los alumnos es constatable. Negarlo es negar la misma realidad.
La educación es, sobre todo, transmisión de conocimientos y así de libertad. Si no se hace así es evidente que no es la libertad el fin perseguido.
SONIA CALAZA LÓPEZ: La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema universitario (LOSU) parece inminente: Entre sus principales novedades, se presenta como la crucial —entre los investigadores—, además de la «reinvención» y/o «reformulación» de ciertas figuras —con desaparición de unas (ciertas Contrataciones) y reforzamiento de otras (Asociados) — el cambio de sistema de selección del profesorado con designación —en los concursos públicos— de miembros «a sorteo» para evitar las dinámicas endogámicas: ¿Crees que esta medida logrará —realmente— alcanzar esa legítima finalidad o será —una vez más— un motor de unión de fuerzas —entre académicos potentes— que deje atrás a las —denominadas— «escuelas pequeñas»?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Es una cuestión nada fácil de contestar. Es evidente que hoy por hoy, la selección de profesorado se basa en la existencia de unas comisiones nacionales designadas «a dedo», sin ningún control y que, además, se constituyen con profesores de diversas materias, sin especiales conocimientos de los concursantes o peticionarios. Y que, posteriormente, el concurso en cada Universidad suele ser o se ha convertido en un mero trámite. El resultado ha sido que la llamada endogamia se ha incrementado frente al sistema anterior. Tampoco tengo claro que la endogamia en sí misma sea un lastre para el sistema, que las escuelas dejen de funcionar en su sentido de corrientes de formación y pensamiento.
Que se determinen por sorteo no creo vaya a evitar la endogamia. Otra cosa es que se entre de nuevo en el juego de las escuelas. No obstante, creo que, con todos sus errores, aquel sistema favorecía mayores exigencias y los resultados fueron más positivos en lo que se refiere a la calidad.
No hay sistema perfecto y cada uno tiene sus consecuencias de todo orden. Me parece que el de la LOU era bueno frente al anterior y frente al presente. Una habilitación nacional sin plaza y un concurso en cada Universidad me parece positivo. Lo que no comparto en modo alguno es la acreditación, pues se basa en criterios puramente cuantitativos y genéricos, no propios de cada materia y situación. Acreditar o no a «peso» no parece un buen procedimiento.
Y, evidentemente, preferir unas comisiones elegidas discrecionalmente es siempre peor, incluso inadmisible, que cualquier otro sistema. Lo actual es, sencillamente, inaceptable, en estas comisiones y en todas las que evalúan la actividad del profesorado. Si a ello se une que los informes que se emiten son secretos, lo que choca con principios elementales, puede concluirse que el sistema vigente es opaco y poco riguroso.
Volver a concursos oposición públicos, con profesores de la materia y elegidos por sorteo, me parece absolutamente positivo.
SONIA CALAZA LÓPEZ: La actual política legislativa presenta —en materia de Educación y Justicia— aspiraciones muy idealistas: democratización de la Universidad (alejamiento de concepciones elitistas, acercamiento a la ciudadanía, diálogo colaborativo con constante interacción entre la Universidad y la sociedad) y transformación de la Justicia (con un ensanchamiento de su ámbito de actuación dónde se encuentren en idéntico plano la Justicia clásica y la Justicia colaborativa): ¿Crees que estos nobles ideales pueden, en efecto, alcanzarse o, tal vez, adolecen de cierta falta de realismo?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Son ideales que pueden compartirse, pero que no pueden ser los superiores y menos aún sustituir a los más importantes. Tal vez habría que abandonar este lenguaje moderno que utiliza grandes términos (eficiencia, excelencia, resiliencia etc…) y regresar a los clásicos, más modestos, pero profundos en su sentido y efectos. Me asusta mucho enfrentarme a discursos tan banales y que esconden o cabe dudar de si lo hacen, auténticos objetivos eficaces y rigurosos.
En realidad, es mi opinión, no se trata de ideales, sino de una forma de entender el mundo que parte de una concepción yo diría que soberbia: todo lo anterior era un error y vamos a cambiarlo. Arrasar con todo para construir algo nuevo y superior. Y sin conocer exactamente qué se quiere más allá de frases grandilocuentes y deseos que tampoco se calibran en su alcance.
Mantener lo que se debe es esencial para el progreso. Poner fin al mundo como lo conocemos, es osadía y el resultado suele ser la nada o el caos. El tiempo y la evolución de la humanidad vinculan siempre el pasado con el presente y el futuro o así debe ser. No aprender de los errores, como sostenía Ortega, es asumir riesgos excesivos.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Sanidad, Educación y Justicia son —sin lugar a dudas— tres pilares esenciales de la democracia, sin los que no podríamos aspirar —ni mínimamente— a gozar del actual estado de bienestar que cotidianamente disfrutamos. A pesar de nuestra «deformación profesional», como procesalistas «en pie de guerra» por la defensa de la Justicia: ¿Mantendrías esta «ordenación» clásica en la que la Justicia —hermana pobre del conjunto de Administraciones— siempre ocupa el último lugar —con aprobación de Leyes low cost o peor aún, zero cost— o crees que debiéramos «dar la batalla» para invertir el orden?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Yo creo que los tres pilares del modelo social son inseparables. No puede haber un orden en aquello que se necesita mutuamente y que alcanza pleno sentido solo si se mantiene cohesionado y paralelo.
La Justicia es la respuesta en un Estado moderno a la necesidad de evitar la desigualdad en la resolución de los conflictos y a la vez, la tutela del ciudadano frente al Estado. Es decir, evitar la autotutela y el recurso a la fuerza en un sentido extenso y, a la vez, que el Estado no respete los derechos de los ciudadanos e imponga su voluntad sin límite alguno.
Otra cosa es la falta de inversión en Justicia, que, en lugar de ser remediada y atendida adecuadamente, no parece ser un objetivo inmediato. La propia Exposición de Motivos del proyecto de Ley de Eficiencia Procesal (LA LEY 8039/2022) afirma que ese no es el problema de situación española en este ámbito. El Estado ha decidido no afrontar la falta de recursos, como es su obligación y recurrido a fórmulas que debilitan el Poder Judicial y con ello el derecho de acción.
Ya se habla de justicia negociada en la que el Estado se desentiende de sus obligaciones y más de lo debido, de una Justicia barata, de procedimientos a coste reducido, inmediatos y con vulneración de las mínimas garantías, de privatización. Es decir, como antes comenté, de aplicar el criterio de eficiencia, que no de eficacia. Relación coste beneficio, entendiendo por esto último no el social, la paz social, sino el particular medido en consideración al gasto público.
Opto por recuperar procedimientos ágiles, descargados de formalismos caducos, pero no de formas, que son y constituyen garantías. Y opto por procedimientos que no resten ni un ápice a los derechos de los ciudadanos. Y opto por una Justicia independiente. Y creo en los juzgados unipersonales manteniendo muchas reservas sobre los llamados tribunales de instancia cuyo fin parece ser el ahorro y que pudieran desembocar en una gestión administrativa fuerte, por encima de la jurisdiccional y en la pérdida de la debida independencia judicial. No hemos meditado suficientemente sobre este asunto desde el procesalismo, siendo como es una pieza esencial en la Administración de Justicia.
Tal vez los procesalistas deberíamos prestar más atención a esta batería de proyectos y reivindicar el proceso con garantías, no dejándonos arrastrar por tendencias administrativistas y privatizadoras. Posiblemente estamos cediendo un terreno que es nuestra obligación defender.
Los clásicos siguen estando de moda y hoy nos advertirían de los riesgos que estamos corriendo con nuestro silencio y en ocasiones con nuestra complicidad.
SONIA CALAZA LÓPEZ: El nuevo mantra de la Justicia es la «eficiencia»: Se encuentran en estado de latencia, nada menos que, tres Leyes de Eficiencia: una procesal; otra, organizativa; y al fin, la última, digital: ¿Confías en estas medidas de «eficiencia» —por lo que respecta a las procesales puras, entre otras, los polémicos MASC como presupuestos de procedibilidad, los procesos testigo, la unificación de la casación— como panacea o «tabla de salvación» de nuestro endémico colapso judicial o crees que tanta eficiencia puede suponer, en alguna medida, una quiebra de las grandes conquistas democráticas de la Justicia?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Ya he contestado antes,
La eficiencia no es un criterio procesal. La finalidad del proceso es la resolución eficaz de los conflictos, no la eficiencia. No veo este concepto en ninguna lectura de los trabajos que constituyen la base de nuestra disciplina. Nunca se habló de eficiencia, sino de eficacia, es decir, de satisfacción jurídica de pretensiones y resistencias.
Los MASC, que limitan el derecho a la tutela, mediante una autocomposición preceptiva son preocupantes por lo que suponen.
Los procesos testigo se están llevando a efecto con cierta desatención a los conceptos básicos de la disciplina que, aunque no absolutos, sí lo son en sus elementos centrales: la cosa juzgada positiva, la contradicción, la acción, la extensión de la prueba a procesos diferentes etc…no son materias que puedan resolverse con soluciones de apariencia positiva, pero sin cerrarse en su coherencia con el sistema mismo.
Hay que construir soluciones, pero sin apartarse del sistema, sin atacar su coherencia, su armonía. No es posible resolver procesalmente los problemas sin respetar los dogmas y las instituciones fundamentales.
Cada vez que me enfrento a algunas creaciones, ingeniosas desde luego y de apariencia positiva, observo enormes deficiencias en el tratamiento del Derecho procesal, de sus instituciones básicas. Si se actúa de este modo, los efectos pueden ser de cierta entidad.
Y, en efecto, cuando se abre esta puerta se abandona la legalidad para entrar en el terreno de la discrecionalidad o, pudiera ser, la arbitrariedad, en el juez creador del derecho, en la inseguridad jurídica. Dejar que sean los jueces los que resuelvan los problemas que la ley genera no es compatible con la legalidad y con la sumisión a la ley.
Nuestra obligación como universitarios es la de exigir el respeto a las instituciones. Tenemos que ser académicos frente a los políticos. Esa es nuestra obligación como universitarios.
Tal vez estamos muy ocupados en estudiar lo novedoso y hemos olvidado lo esencial. Y ahí mucho ha tenido que ver la propia carrera, la inexistencia de escuelas y la desaparición de la figura del maestro.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Y mientras la legislación de la Justicia civil avanza a velocidad de vértigo con sus «mil y una» reformas; aquí tenemos a nuestra «decimonónica» Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, con sus —también— «mil y un» —ahora— parches, remiendos y apaños: ¿Por qué no logramos —ni a la tercera (que suele ser la «vencida»)— aprobar —¡de una vez por todas! — una Ley procesal de la democracia para la Justicia penal?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Mil intentos y mil fracasos. Seguramente porque todos los gobiernos han querido hacer «su» ley, sin contar con el otro. Y una norma de estas características ha de ser consensuada.
El acuerdo, sin embargo, sería perfectamente posible hoy en la medida en que el punto central del desacuerdo ha sido superado. La dirección de la investigación por el MF se ha asumido como necesaria, lo que abre la puerta a una ley que podría ser elaborada consensuadamente. Otra cosa es cómo se desarrolla esta atribución competencial a este órgano del Estado, cómo se regula la intervención de las partes en la fase de investigación, cómo se desarrolla el principio de oportunidad en sus manos etc…Ahí hay importantes diferencias entre los anteproyectos de 2013 y 2020.
Lo veo todo difícil porque esta ley tiene un fuerte componente político que al parecer nadie está dispuesto a asumir con el coste que conlleva. En tiempos de confrontación la Justicia penal es un instrumento poderoso como arma frente al adversario. La única solución es, pues, una ley que salga, como sucedió con la de Enjuiciamiento Civil, con el voto y el concurso de los dos grandes partidos. Algo imposible a día de hoy.
La situación es muy compleja. De la vieja ley queda el armazón de la parte general y modificado parcialmente en aspectos sensibles que entran muchas veces en contradicción con normas que subsisten. El abreviado es nuevo, pero precisa de la parte general. La regulación de la prueba es insuficiente y es la jurisprudencia la que se aplica en lugar de la ley. Y, a la vez, las nuevas normas especiales en materias sensibles (violencia de género, discapacidad, menores etc…) introducen elementos muy complejos que entran en colisión con reglas legales, jurisprudenciales y constitucionales que quedan desvaloradas.
Las reformas puntuales, algunas de las cuales no son coherentes con los principios de la ley y ni siquiera con sus conceptos elementales, generan disfunciones que solo pueden superarse con una nueva norma.
Hoy por hoy tenemos dos anteproyectos, de 2013 y 2020, que podrían servir para elaborar una ley de consenso. Pero, como digo, tengo pocas esperanzas de que en los próximos años se promulgue una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882).
SONIA CALAZA LÓPEZ: El mundo se ha digitalizado: La vida cotidiana —sobre todo, la de los más jóvenes— discurre en un entorno —esencialmente— digital: ¿Crees que la digitalización de la Justicia y la implementación —en su ámbito— de técnicas de Inteligencia Artificial lograrán mejorar, con todas sus potencialidades, los razonamientos de la Inteligencia Humana? ¿Qué opinas del denominado «Juez Robot»?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: No soy experto en esta materia que, además, me provoca una gran desconfianza en el ámbito de la Justicia. La Justicia es esencialmente humana y debe ser regida por reglas humanas, caso a caso, valorando el drama que se presenta a los tribunales con cada demanda o querella.
Una cosa es que estas técnicas se utilicen a efectos puramente administrativos u organizativos. Pero en el ámbito de la decisión, incluso la procesal o procedimental, cuando existan diversas alternativas o sea necesaria la apreciación del tercero imparcial, la inteligencia artificial debe ser excluida. No puede una máquina decidir con base en criterios generales o abstractos o de predictibilidad. No hay dos casos iguales me enseñaron en la Facultad de Derecho.
El humanismo se basa en el ser humano, con todas sus limitaciones, sensaciones, afectos y defectos. La máquina no es humana y carece de sentimientos. Una Justicia sin sentimientos no es Justicia.
Que una máquina, la que sea, resuelva con base en la predictibilidad, me causa inquietud y cierto miedo. El miedo, que algunos siembran, sobre el subjetivismo judicial y que quieren superar con la inteligencia artificial, objetiva y general, carece de fundamento y debería ser formulado con algo más de prudencia. La prueba es la de cada caso, cada proceso tiene su prueba. Y valorarla es una labor humana, aunque se sujete a reglas que garanticen su idoneidad, eviten los prejuicios y hayan de ser motivadas. No veo a una máquina apreciando la prueba, la credibilidad del testigo, su fiabilidad, la intensidad de la violación de un derecho, el consentimiento válido o viciado, la autenticidad de un documento privado etc….
Es inevitable que el mundo de lo digital se extienda por casi todas las facetas de la vida. Pero en el ámbito de la Justicia hay que ser muy prudente y los juristas, mantener posiciones que eviten los perjuicios que pudieran generar. Todo es cuestión de límites.
El entusiasmo por estos métodos debe ser refrenado.
SONIA CALAZA LÓPEZ: La Justicia en España adolece de una gran debilidad: la falta de recursos. Sin embargo, atesora muchas fortalezas; acaso la mayor: un prestigioso cuerpo de Jueces y Magistrados —coadyuvados por los Fiscales— en primera línea de ruedo que —con toda su profesionalidad (iura novit curia: conocimiento del Derecho), independencia, responsabilidad, inamovilidad y sumisión al Derecho— no se amedrantan ante nada ni ante nadie. Algo tendrá que ver en esto el —a veces, criticado— sistema español de selección: ¿Qué opinas de las oposiciones a Jueces/Fiscales?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: La madurez o la edad, que a veces van acompañadas, te lleva a abandonar ciertas ideas propias de la juventud y a apreciar la validez de fórmulas que, con sus defectos, garantizan una buena judicatura, independiente y solo sometida al imperio de la ley.
El sistema de oposiciones, memorístico, no es intrínsecamente malo como se suele decir con cierta ligereza y garantiza, sin duda, la formación teórica de los candidatos. Su objetividad y el hecho de que lo que se exige es el conocimiento de la ley, sin atender a otras consideraciones personales, ideológicas o similares, está en la base de jueces con las garantías que la Constitución impone.
Un sistema que atendiera a otras variables siempre abriría la puerta a riesgos derivados de la apreciación de elementos personales que podrían situarse por encima del conocimiento e, incluso, conducir a una selección poco objetiva de los candidatos. El riesgo de reparto entre las opciones de poder es una realidad a la que no debe abrirse ningún resquicio en el ingreso en la carrera.
Distinto es que en la etapa posterior, la que se lleva a cabo en la Escuela Judicial deba ser revisada, especialmente porque en ella la disciplina que impera hoy en esta institución ocupa un lugar muy preferente. Y la disciplina, la jerarquía, son elementos opuestos a la independencia judicial. Además, en esa etapa debe ampliarse la colaboración con la Universidad a los fines de que la judicatura no quede aislada del mundo jurídico de la teoría que es la base de una buena práctica. Hoy, la Escuela Judicial se ha apartado sensiblemente del mundo universitario y creando jueces alejados de una institución, la Universidad, que debería ser complementaria siempre de la actividad real de la Justicia.
La Escuela Judicial requiere de un cambio muy importante. O tal vez de quienes la dirigen de un modo poco adecuado a los alumnos y a sus cualidades y función. Y esto es urgente.
Soy partidario de mantener el sistema de oposición, sin concurso alguno y solo limitado a la comprobación de los conocimientos. Y posteriormente, eso sí, que los méritos tuvieran una importancia singular para los ascensos y destinos, pero siempre objetivos y evaluados de esta forma.
La reforma del CGPJ es ineludible, pues de él dependen muchas de las cosas que están fallando. Y el cambio de sistema no solucionará el excesivo poder de las mayorías, muchas veces vinculadas a aparentes lobbies que deben ser corregidos. Que el CGPJ y todos sus órganos se parezcan al Poder Judicial y a los principios que lo rigen, no al Ejecutivo es imprescindible. Aunque sea un órgano de gobierno, lo es de un Poder independiente.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Y entre todos los atributos constitucionales de los Jueces y Magistrados, destaco uno para ensalzar ahora la —probablemente— mayor cualidad de la profesión: la independencia, la libertad, la autonomía. Conscientes —como lo somos— de que esta es una de las más relevantes «claves del éxito» de la Justicia: ¿Crees que debe dotarse al cuerpo de Fiscales —quiénes, al fin y a la postre, atesoran muy relevantes poderes en terreno procesal (y con el tiempo, podrían llegar a asumir la instrucción) — de similar o idéntico estatuto jurídico?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: No. Soy partidario de una fiscalía órgano del Estado y sujeta a los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación. La igualdad debe primar, especialmente si se tiene en cuenta que solo doce de cada cien delitos llegan a juicio y que la determinación de los que deben ser perseguidos prioritariamente constituye una parte de la política criminal de una nación. Política que no debe corresponder a cada fiscal que decida lo que debe o no perseguirse prioritariamente, sino a la institución como tal. De igual modo, debe la fiscalía estar sujeta a criterios comunes, no los particulares de cada uno de los fiscales.
No soy, por ello, muy partidario de las fiscalías especiales, con excesiva autonomía y con actuaciones en algunos casos poco comprensibles. Todo fraccionamiento en materias sensibles puede provocar riesgos que se han podido comprobar ya en ciertos casos y materias.
Tampoco de abandonar el principio de oportunidad en un órgano no plenamente independiente, salvo el que esté perfectamente reglado legalmente. El control judicial no debe es fundamental para impedir que sea el Estado, la fiscalía, quien determine la verdad y la ofrezca por medio de beneficios sensibles.
La experiencia de algunos países con una fiscalía excesivamente poderosa e incontrolada no debe perderse de vista. Ha causado estragos.
Eso sí. El Fiscal General no debería ser nombrado por el gobierno, sino por los fiscales democráticamente.
SONIA CALAZA LÓPEZ: La Comisión General de Codificación ha tenido la fortuna de contar contigo para la regulación de la Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria: ¿Nos podrías ilustrar —siquiera sea a grandes rasgos— sobre los puntos neurálgicos de esta nueva regulación?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Poco puedo decir por razones de obligado secreto. Es una ley, si se aprueba, muy compleja y sé también que el proyecto se ha apartado en muchos aspectos del elaborado por la Comisión. En el ámbito procesal, mi aportación fundamental, hay omisiones cuya causa es puramente ideológica, que pueden causar graves problemas en materia de prueba, presunción de inocencia y de carácter estrictamente conceptual, pero importantes para que el sistema funcione. Me preocupa el texto que se aprobó en Consejo de Ministros.
Se han empeñado, por ejemplo, en denominar a la prueba anticipada, prueba preconstituida, cuando esta última, como concepto procesal no existe, siendo solo una creación jurisprudencial para designar toda situación en la que un acto de investigación alcanza valor probatorio. La anticipada sería una especie, con un régimen distinto al por ejemplo, la declaración de un testigo que ha fallecido. Confundir género con especie se traduce en falta de claridad sistemática.
No exigir corroboración de una declaración de un testigo anónimo, es una barbaridad que deberían explicar en el Ministerio de Justicia.
Las tendencias hacia las excepciones procesales por razón de la persona y sus condiciones, de sexo, nacionalidad etc…son ya una regla que debería corregirse desde el Poder Judicial y el TC. No es el camino emprendido el correcto desde un planteamiento estrictamente procesal en el que la igualdad es un principio inherente al proceso, como sostenía GIMENO.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Además de ser procesalista de profesión principal, eres un músico, un poeta y un escritor de otros géneros bien distintos al de la estricta literatura jurídica. Tu último disco integra, además, letras y melodías de estilos divergentes. Ya no digamos tus distintos escritos. A todos nos gustaría poder vivir en «una vida» (la nuestra), una «pluralidad de vidas» (como tú haces): ¿Nos explicas —si existen— las claves que te permiten ser una persona tan transversal, tan camaleónica, tan polivalente y tan versátil?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: Yo creo que la vida es tan amplia, como rica en experiencias, sobre todo interiores. Además, del contacto con los demás viendo en cada cual un amigo, no un adversario, de todo y de todos se aprende.
La música y la poesía son lugares repletos de magia, que sobrevuelan el alma y la llenan de paisajes, colores, grises y sentimientos. Son el acompañamiento del vivir. A veces son el acorde que rige la sinfonía del aire que respiramos.
No soy muchos, sino uno solo que no entiende una cosa sin otra.
Toda vivencia puede ser trasladada al papel y al pentagrama, incluso la más sencilla o, mejor dicho, estas últimas son las notas mayores de toda canción y poema. Lo común y cotidiano hecho palabra y nota.
Cuando a veces todo se tuerce y se vuelve oscuro puedes inventar una irrealidad, como dice mi hijo José María Asencio Gallego en su libro «En busca de la irrealidad», que hace que ésta sustituya a lo tangible. Y puedes llegas a creer que lo real es lo que imaginas. Puedas inventar lo que quieras inventar como decía Patxi Andión.
Igualmente, cuando se escribe un texto jurídico, no debe el autor limitarse a la norma fría e insensible. Debe llenarla de vida y pensar que sirve para solucionar problemas ajenos, dramas como antes dije, para quien se enfrenta a un proceso.
Todo lo real tiene una parte de sueño y todo sueño se construye con realidades.
SONIA CALAZA LÓPEZ: Y no todo va a ser Educación, Justicia o Cultura. También nos queda la Amistad. Querido José María: Cuando yo «busco entre mis recuerdos» —como dice esa preciosa canción de Luz Casal—; en mi caso «entre mis recuerdos académicos», pero también —¡qué duda cabe! — personales, te encuentro a ti. Y entonces eras igual que ahora: ¿Cómo has conseguido mantener intactas —con el paso del tiempo— todas tus cualidades juveniles?
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO: No son cualidades juveniles, sino principios que aprendí desde pequeño y que forman parte de mi personalidad de manera inseparable. Valores que me enseñaron, que entroncan con mi fe católica y que quiero mantener, pues nada ha conseguido alterarlos con el paso del tiempo.
He tenido la enorme suerte en la vida de encontrarme con personas, como tú, excepcionales y buenas. Estas te hacen el camino más fácil. Ver en cada cual aquello que le honra como persona y no dar a los defectos de nadie más importancia que la que tienen, fruto de nuestra propia condición.
Vicente Gimeno, al que recuerdo de forma permanente, me dio la oportunidad de ingresar en esta vida universitaria, en este oficio maravilloso donde la creación es la base y en el que la libertad es condición necesaria. Igual que confió en mí, confío en quien se ha acercado a mí. Y sin cautelas. Pocas veces me he sentido defraudado.
En un mundo soberbio que quiere construir otro nuevo despreciando a los que nos precedieron, sus esfuerzos y convicciones, vale la pena luchar por mantener lo que constituye la base, demostrada, de la felicidad. Y para ello, para sentirse joven, no hay mejor receta que vivir conforme a valores que la garantizan. Y estos no son caducos o provisionales, sino permanentes.
Te agradezco Sonia esta entrevista, que transita entre lo personal y académico, fruto de la amistad que nos une desde hace años, desde que te conocí siendo muy joven, esa juventud que tú, de verdad, has sabido mantener.
Y doy gracias a Dios por tenerte como amiga y compañera, desde el afecto personal, sentido y profundo. Un regalo como tú debe ser tomado en cuenta porque su valor explica muchas cosas de esta vida que el tiempo nos ha permitido compartir. Como dice Serrat de este siglo que, queramos o no queramos, nos toca compartir a todos juntos.