El viernes 24 de febrero se presentó la Declaración de Valencia, una propuesta del Consell Valencià de Cultura (CVC) que propone introducir en la Declaración de los Derechos Humanos los cinco neuroderechos propuestos por NeuroRights Foundation, una organización impulsada por el investigador Rafael Yuste, neurobiólogo de la Columbia University e impulsor del Projecte BRAIN, junto con una comunidad internacional de neurocientíficos.
La propuesta tiene su origen en un informe aprobado hace un mes por el CVC, titulado “Sobre los neuroderechos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos”, con el que este organismo abrió al debate público una cuestión que preocupa a los científicos de los campos de la neurotecnología, la IA, la nanotecnología, la bioinformática y la neurociencia. Este informe dio pie a la elaboración de la “Declaración de Valencia” sobre la incorporación de los neuroderechos en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
Ahora la propuesta se enviará a los organismos autonómicos, estatales e internacionales, como el Parlamento Europeo y la ONU.
Grandes beneficios, pero también grandes riesgos
Esta propuesta se basa en la constatación de que, si bien los beneficios que puede aportar la neurociencia son inconmensurables, de manera tal que se podría decir que estamos viviendo de una nueva medicina, debe alertarse también de los riesgos que plantea. Por ejemplo, la posibilidad de modificar la actividad cerebral y el comportamiento de las personas, o dañar la identidad personal y aumentar la desigualdad.
En concreto, la Declaración advierte que “Mapear el cerebro supone también riesgos preocupantes como la posibilidad de leer el cerebro, incluso de modificar la actividad cerebral y el comportamiento de las personas. Unas innovaciones que podrían desafiar lo que significa ‘ser humano’”.
Nuevos derechos
Por ello, se plantea la necesidad de una regulación que proteja los derechos de las personas, por medio de los cinco neuroderechos planteados por una comunidad internacional de científicos, agrupada en la fundación NeuroRights, e incluirlos en la Carta de los Derechos Humanos.
Se trata de los siguientes:
1. Privacidad mental: Cualquier neuro dato obtenido por la medición de la actividad neuronal debe mantenerse en privado. Si se almacena, debe existir el derecho a que se elimine a petición del sujeto. La venta, la transferencia comercial y el uso de datos neuronales deben estar estrictamente regulados.
2. Identidad personal: “Se deben desarrollar límites para prohibir que la tecnología interrumpa el sentido de uno mismo. Cuando la neurotecnología conecta a las personas con redes digitales, podría desdibujar la línea entre la conciencia de una persona y los insumos tecnológicos externos”.
3. Libre albedrío: “Las personas deben tener el control final sobre su propia toma de decisiones, sin manipulación desconocida de neurotecnologías externas”.
4. Acceso Justo al Aumento Mental: “Deberían establecerse directrices tanto a nivel internacional como nacional que regulen el uso de las neurotecnologías de mejora mental. Estas directrices deben basarse en el principio de justicia y garantizar la igualdad de acceso”.
5. Protección contra el sesgo: “Las contramedidas para combatir el sesgo deberían ser la norma para los algoritmos en neurotecnología. El diseño del algoritmo debe incluir aportes de grupos de usuarios para abordar de manera fundamental el sesgo”.
Entender la mente humana
En su intervención, Rafael Yuste abordó diversas cuestiones de interés. La primera, la dificultad de entender de manera científica la mente humana (“el misterio de la mente humana”, dijo), un aspecto que más de un siglo de investigación no lo ha podido resolver todavía. Yuste declaró que está convencido que esto se conseguirá, como pasó con el genoma humano, y que podría dar lugar en un nuevo Renacimiento.
Rafael Yuste explicó también los inicios del Proyecto BRAIN y del apoyo político y económico que esta iniciativa ha recibido desde hace 10 años por parte de varias administraciones norteamericanas, como las de Obama, Trump y Biden, en un pacto transversal de los dos grandes partidos políticos.
Este proyecto se inició en Nueva York, en 2017, cuando un grupo de neurocientíficos, incluido él mismo, llegó a la conclusión de que algunos de los avances de la neurociencia podrían desafiar lo que significa “ser humano”, por lo que habría que regularlos a través del reconocimiento de unos nuevos derechos fundamentales a incluir en la Carta de los Derechos Humanos. Un proceso de reconocimiento que ya ha llegado a la ONU y consta en la agenda de su secretario general, António Guterres.
Tras la intervención del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, que alertó de los riesgos que plantea el transhumanismo y los intereses privados que podría amparar, unos riesgos que deben combatirse desde la ética y, en concreto, desde la bioética, cerró el acto la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que entre otras cosas ha dicho que la ciencia y la ética harán que el territorio de las distopías, al final, se quede en una ficción.